Desde una visión gubernamental ética, en donde las autoridades asumen su responsabilidad como la representación democrática de los intereses legítimos del pueblo, el objetivo primordial del crecimiento económico nunca podrá ser la simple rentabilidad económica, por mucho que esto haya sido el parámetro utilizado durante décadas. En realidad, lo más importante es la manera en que este crecimiento industrial y económico se refleja en beneficios y oportunidades en las distintas esferas de la sociedad, es decir, un crecimiento económico que favorezca un desarrollo de base amplia, que sea el pilar de mejores condiciones sociales y que permita una reducción efectiva de la pobreza. Esto es particularmente importante para favorecer una pronta recuperación económica en el actual contexto de la pandemia por COVID-19, que ha afectado a toda la sociedad y con mayor intensidad a los grupos vulnerables.

En su informe La riqueza cambiante de las naciones (2018), el Banco Mundial señala que el PIB por sí solo no es una manera efectiva de medir la riqueza real de los países, y propone una nueva forma de evaluar su progreso económico y sostenibilidad, basada en cuatro parámetros: a) capital natural (como bosques y minerales); b) capital humano (ingresos a lo largo de la vida de una persona); c) capital producido (edificios, infraestructura, etc.); y d) activos extranjeros netos. En términos generales, una de las principales conclusiones de este análisis es que el capital humano es el componente más importante de la riqueza. Por su parte, la ONU destaca como los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el Fin de la pobreza y Hambre cero, reconociendo así que el crecimiento económico no puede ser posible sin la inclusión social y el mejoramiento general de las condiciones de vida de todas las personas.

Los señalamientos de estas instituciones se relacionan de manera estrecha con la economía social, porque ésta es precisamente una de las mejores formas de aprovechar todo nuestro capital humano, incluyendo a los grupos vulnerables, y generar un impacto positivo en las comunidades. Para que el desarrollo del país sea el esperado no se puede dejar a nadie a fuera, y deben tomarse en cuenta todos los grupos sociales incluyendo a los más pobres, además de fomentar la participación de la sociedad civil, porque es imposible lograr avances significativos sin la colaboración de la propia sociedad.

El gobierno debe asumir con responsabilidad y compromiso sus tareas como órgano rector e impulsor de iniciativas que busquen el bien común, pero siempre escuchando las propuestas y alternativas que surgen desde la base social, pues es la propia gente la que mejor conoce las necesidades y recursos de sus comunidades, así como las maneras más efectivas de impulsar la cohesión y participación social, para llevar a cabo estrategias conjuntas que logren un mayor impacto benéfico. De lo contrario, si se pretenden fijar directrices externas que no respondan a las necesidades y fortalezas de cada una de las comunidades, se corre el riesgo de elaborar programas y proyectos destinados al fracaso. Por ello es importante la generación de propuestas bajo un modelo de cuatro hélices: gobierno, industria, academia y sociedad, una colaboración que reúna las fortalezas de cada uno de estos sectores para crear soluciones pertinentes y eficaces.

Al respecto, la economía social se puede definir como el conjunto de acciones que realizan las empresas y cooperativas que buscan una transformación social a través del trabajo colaborativo, dentro de una organización de propiedad y beneficios compartidos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Para que la actividad económica sea considerada economía social debe cubrir los siguientes puntos básicos: a) democracia en la toma de decisiones; b) propiedad compartida de los recursos; c) distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y d) compromiso social en favor de la comunidad.

Es decir, es un conjunto de prácticas que generan un modo solidario y diferente de hacer economía que puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa e industria.

En el marco del Día Internacional de las Juventudes, el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, a través del Instituto Municipal de la Juventud preparó una serie de actividades virtuales para reconocer el valor que tiene este sector en nuestro municipio, en el país y en el mundo. 

‘Juégatela por tus sueños’, es el título de la primera charla, en la que participaron Antonny Monreal y Martín Zúñiga, jugadores de Mineros de Zacatecas, así como el preparador físico del equipo, César Andrade. 

Como moderador de la charla participó Luis Guillermo Flores, titular del Instituto Municipal de la Juventud en Guadalupe, quien cedió la palabra a Antonny Monreal, joven y talentoso portero, originario de Noria de Ángeles, Zacatecas, quien a su corta edad encontró en el futbol su gran pasión. 

Compartió que su sueño surgió desde muy pequeño, cuando practicaba beisbol y futbol, deportes que siguió practicando hasta su juventud y al participar en un torneo en la comunidad de Zóquite, lo invitaron a jugar en el equipo Frayles de Guadalupe en la cuarta división. 

Luego de años de entrenamiento, participó en una visoría en Pachuca que lo llevó a las fuerzas básicas de esa institución, posteriormente a la Sub-17 y luego Sub-20, donde compartió la cancha con grandes jugadores y entrenadores. 

“Nunca pensé jugar en Mineros, en mi casa”, y agregó que la filosofía de vida que te lleva al éxito es trabajar al 100% en lo que hagas, con toda tu dedicación, “debes ser persistente y resiliente, y al final del camino si tienes paciencia, tu esfuerzo tendrá resultado”, dijo Antonny Monreal durante su intervención. 

Por su parte, Martín Zúñiga, de 27 años y originario de Tapachula, Chiapas, dijo que su gusto por los deportes tuvo su origen en su misma familia, y cuando a los 14 años de edad tuvo que elegir un deporte, sin dudarlo lo hizo por el futbol. 

En 2008 se le dio una oportunidad en Club América, donde tuvo un ascenso rápido a fuerzas básicas, y luego a Sub-20 como seleccionado nacional, experiencia a la que se refirió como “un orgullo”. 

Como parte del Club América ganó dos campeonatos y en su paso por otros equipos, como el Cruz Azul, también fue campeón de la Copa MX. 

“Tenemos qué pagar el precio para lograr algo, si quieres algo fácil seguramente será sencillo lo que tienes que hacer, las metas las pones tú, y el precio de no estar con tu familia y perderte la convivencia, es un precio alto para lograr algo grande”, insistió. 

Martín Zúñiga dijo sentirse afortunado de seguir jugando, e hizo referencia a las distracciones que se le han presentado en su carrera, “no digo que no caí o que no me tambaleé en el camino, pero hubo gente que me ayudó a estar centrado”. 

Respecto a su participación actual en Mineros de Zacatecas, dijo que es una etapa que está disfrutando mucho y que es un equipo que merece cosas grandes. 

Como preparador físico, César Andrade compartió con la audiencia que hoy tiene claro que el deporte de alto rendimiento “no es para cualquiera”, y compartió que –personalmente– él tenía el sueño de ser futbolista profesional y no pudo, sin embargo ahora cumple su sueño de otra forma en el futbol de alto rendimiento. 

En su trayectoria de 15 años como preparador físico, explicó que ha pasado por todas las categorías y le ha tocado escuchar y ser parte de los sueños de muchas personas que hoy están consolidadas, y en ese proceso de formar jugadores, dijo, le ha tocado ver que muchos claudican justamente por no estar dispuestos a pagar el precio. 

Entre los temas que también abordaron en la charla se encuentra la nueva normalidad durante los entrenamientos y partidos, así como el proceso de adaptación al que se enfrentan como jugadores, en el que todos coincidieron en que es una etapa difícil, sin embargo, “es necesario seguirnos cuidando, hacer ejercicio y comer sanamente”. 

En un mensaje final para las juventudes, Antonny Monreal dijo que “hay que ir por todo, por lo más grande; todos queremos ser exitosos y eso va de la mano con hacer lo necesario para lograrlo, a veces el paso es lento, pero nunca desistas”. 

En tanto, Martín Zúñiga hizo hincapié no sólo en resistir sino también en insistir, “los sueños los puedes ver lejanos, pero con trabajo y disciplina la distancia se va haciendo menos”, y finalmente dio un consejo: “que se rodeen de gente exitosa”. 

Finalmente, César Andrade concluyó con que –como refiere el nombre de la charla– los jóvenes deben jugársela por sus sueños, y compartió una de sus frases favoritas: “el mundo está en manos de aquellas personas que tienen el coraje de vivir sus sueños, y hay que ser congruentes con lo que queremos y lo que hacemos”. 

Para concluir la charla, Luis Guillermo Flores preguntó a la audiencia el nombre del jugador de Mineros de Zacatecas que anotó más rápidamente un gol durante un partido y fueron tres los participantes que respondieron acertadamente y a quienes les entregarán un balón autografiado por los jugadores de Mineros de Zacatecas. 

“Fue un golazo que le dio la vuelta al mundo”, dijo Martín Zúñiga de la hazaña de Gustavo Adrián Ramírez, quien apenas en el segundo 4 del primer partido del torneo y jugando como locales en el estadio Carlos Vega Villalba, anotó el único tanto del encuentro. 

Entre las charlas que se llevarán a cabo como parte de las actividades en el marco de la Semana de las Juventudes se cuentan Cómo alcanzar tus metas, La revolución del internet y Jóvenes emprendedores, además del Diálogo por las juventudes. 

Además de la gestión de los recursos públicos y la creación de políticas públicas favorables para la sociedad, el gobierno también debe cumplir eficazmente con sus funciones administrativas y brindar un marco legal que garantice el buen desempeño de la esfera económica y civil. Sin embargo, la reciente pandemia por COVID-19 ha impactado en todas las esferas de la vida pública, incluyendo los servicios administrativos públicos cuyo funcionamiento se han visto afectado.

Como autoridad administrativa, el gobierno tiene el deber de facilitar a los ciudadanos la realización de trámites personales y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, e impulsar el desarrollo de nuevas empresas que impacten positivamente en el desarrollo socioeconómico de la región.  Dichas tareas de gobierno requieren necesariamente de la aplicación de una serie de trámites, permisos y servicios administrativos que los gobernantes, ciudadanos y empresas están obligados a cumplir. La función esencial de estas normas es mantener un correcto orden legal y generar un entorno de confianza y transparencia. Pero la realidad es que en muchas ocasiones dichos procesos son lentos, demasiado restrictivos o difíciles de entender, además de que existe un riesgo latente de corrupción en trámites sensibles.

Para solucionar esta problemática, existen dos estrategias complementarias: los Programas de Mejora Regulatoria, y la digitalización completa de trámites y servicios. La situación actual ha acelerado un proceso necesario, y nos obliga a buscar alternativas para cubrir las tareas propias de la administración pública. Por ejemplo, recientemente el SAT abrió nuevos servicios por internet para que los ciudadanos y las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, y el INEGI diseñó la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), cuyo objetivo es ofrecer información relevante para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19.

Ya en el Índice de Competitividad Estatal 2018 el IMCO presentó un capítulo dedicado a la digitalización de servicios públicos. De acuerdo con una encuesta del IMCO, sólo el 48.1% de los mexicanos dijo quedar satisfecho con el tiempo destinado a realizar trámites de servicios municipales, mientras que el 52.7% reportó su insatisfacción con el tiempo de atenciones médicas de urgencia, y sólo el 22.6% de los mexicanos dijo haber quedado satisfecho con el trato recibido por autoridades de seguridad pública. Todos estos trámites tienen en común que se realizan de forma presencial, los cuales son un 74% más lentos y le cuestan al gobierno cincuenta veces más que un trámite digital. Además, los trámites que se realizan mediante la interacción personal son más proclives a la corrupción, debido a la libertad con la que cuentan los funcionarios de ventanilla para rechazar un trámite argumentando pequeños detalles.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio El fin del trámite eterno (2018) señala que en promedio en nuestro país se necesitan casi 7 horas para realizar un trámite, superior a la media de 5 horas y media en América Latina, y el 73% de los trámites estudiados en México fue catalogado como difícil de realizar, al requerir más de dos horas de tiempo invertido y más de una interacción con un servidor público para finalizarlo. En otras palabras, cada que realizan un trámite los ciudadanos pierden el tiempo equivalente a una jornada laboral; esto representa un alto costo no sólo para los ciudadanos, sino para el gobierno y todo el país.

Desde 2015 a nivel federal se han puesto en marcha los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), que tienen como objetivo mejorar la regulación vigente e implementar acciones para simplificar los trámites y servicios de la Administración Pública. Para que esta mejora regulatoria sea una realidad la digitalización es una estrategia central e indispensable.

En un escenario ideal, los ciudadanos deberían poder acceder a todos los trámites y realizarlos completamente en línea, desde cualquier dispositivo, y encontrar información sobre sus derechos y obligaciones públicas –de todos los niveles de gobierno– en un solo lugar, en un lenguaje y formato sencillos. Muchas de estas medidas ya se encuentran plasmadas en la Estrategia nacional de mejora regulatoria, publicada por el Gobierno Federal, una excelente hoja de ruta para concretar estos cambios también a nivel estatal y en los ayuntamientos.

La meta es lograr un gobierno más eficiente y que atienda de manera óptima las necesidades y derechos de ciudadanos y empresas, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, lograr una mayor transparencia en la administración pública, e impulsar la creación de nuevas empresas con el fin de promover el bienestar y crecimiento económico del país. Es claro que el buen funcionamiento de la administración pública permite una mayor cercanía entre los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos, haciendo honor a uno de los propósitos del Estado: ser una entidad encargada de regular la vida civil y ofrecer condiciones favorables para que todos los habitantes puedan desarrollarse social y económicamente.